La noticia de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) esté fiscalizando el servicio Airbnb en Guatemala puede repercutir en el aumento de precios y la disminución del turismo a nuestro país.
El arrendamiento de inmuebles para vacacionar ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para propietarios y una opción popular para turistas y viajeros.
La SAT ha anunciado medidas de verificación en Irlanda, sede de las oficinas centrales de la plataforma Airbnb, tras la revelación de que no se han recaudado más de 185 millones de quetzales en impuestos relacionados con el arrendamiento de inmuebles para vacacionar.
Según la SAT, la falta de recaudación de impuestos en este sector ha generado preocupación y la necesidad de tomar acciones inmediatas para garantizar la transparencia fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas y particulares involucrados en el alquiler de propiedades a través de plataformas como Airbnb.
“Hemos recibido datos sobre 2,659 contribuyentes que han llevado a cabo arrendamientos con ingresos superiores a $250,000 durante los años 2021 y 2022, totalizando una facturación de $109 millones”. Comenta Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria.
La falta de regulación y supervisión adecuadas ha generado preocupaciones sobre posibles lagunas fiscales y evasión de impuestos en este sector.
La SAT ha destacado la importancia de garantizar que todas las empresas y personas que participan en el arrendamiento de propiedades para fines vacacionales cumplan con sus obligaciones tributarias de manera adecuada y transparente.
“Llevaremos a cabo nombramientos de auditoría y notificaremos a los contribuyentes sobre la obligación de pagar los impuestos correspondientes. Si, tras la notificación, persiste la falta de pago, nos veremos obligados a proceder con embargos de propiedades y cuentas bancarias.
Consecuencias legales por impago
La resistencia a la acción fiscalizadora constituye un delito penal que puede resultar en consecuencias legales graves, incluida la posible pena de cárcel”. Afirmo Diaz.
La SAT ha instado a todas las empresas y personas que participan en el arrendamiento de propiedades a través de plataformas como Airbnb a cooperar plenamente con las autoridades fiscales y a cumplir con sus obligaciones tributarias de manera transparente y responsable.
Se espera que estas acciones de verificación contribuyan a fortalecer la integridad del sistema tributario guatemalteco y a promover una mayor equidad fiscal en el sector de alquileres para vacacionar.
Aunque estas lagunas fiscales han beneficiado a cientos de emprendedores y propietarios de inmuebles, el impago de impuestos también impacta negativamente a la economía en general.
